Garzón: el juez estrella que se estrelló

La semana pasada la terminamos con la noticia de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, había sido suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial. Sin duda ha sido una noticia que no ha dejado indiferente a nadie, ya que el magistrado tiene tantos admiradores como detractores. Garzón estaba imputado por tres causas:  cobros realizados al Banco Santander, escuchas ilegales en la trama Gürtel y por las investigaciones sobre las desapariciones del franquismo.

Todo comenzó en mayo de 2009 cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella que presentó la asociación Manos Limpias contra el conocido ‘juez estrella’ por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Apenas un mes después, el 24 de junio, éste Tribunal admite otra demanda contra Garzón por su actuación en éstas investigaciones de la Guerra Civil y que es presentada por Libertad e Identidad. Unos días antes, los abogados que lo denunciaron por los ingresos que había recibido durante su estancia en Nueva York presentan en este tribunal otra querella contra el magistrado por posibles delitos de cohecho, prevaricación y estafa.

Tras el verano, el 8 de septiembre Luciano Varela le cita para que declare en calidad de imputado, y un día después acude al Tribunal Supremo. A mitad de este mes el juez de la Audiencia Nacional presenta una resolución judicial que le avala para investigar sobre dichas desapariciones.

A primeros de octubre Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Garzón, pide al Supremo el archivo que tanto Manos Limpias y Libertad e Identidad pusieron contra el magistrado. A pesar de todo, el Alto Tribunal pidió las normas de reparto de la Audiencia Nacional para indagar las circunstancias por las que el juez asumió la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Ya a finales de año Garzón solicitó el archivo de la causa, alegando el trato injustificado que estaba recibiendo a lo largo de la instrucción.

En diciembre de 2009, Garzón es imputado por el caso de las escuchas ilegales de la trama Gürtel. El abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, presenta en el Supremo una querella por prevaricación por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre algunos imputados en este caso y sus letrados. Una querella que fue admitida a trámite en febrero, lo que supone la tercera contra Garzón.

Pero Manos Limpias y Libertad e Identidad no fueron los únicos que demandaron al juez de la Audiencia Nacional. En enero de este año, el Tribunal Supremo admite a trámite una querella de Falange Española contra Garzón por los mismos hechos que las dos asociaciones anteriores habían presentado. Además, el Supremo admite a trámite la querella que unos meses antes los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón en relación con el delito de cohecho, un dinero que había recibido del Banco Santander. El magistrado recurre contra la admisión a trámite de esta denuncia, pero no consigue su objetivo y el caso continúa abierto y el pasado 15 de abril acude a declarar como imputado.

A pesar de la petición que ya realizó Garzón para que se archivara el caso sobre la Guerra Civil, el juez Varela rechaza dicha solicitud en un auto en el que le acusa abiertamente de prevaricación. El juez recurre dicho auto, pero la Sala de lo Penal del Supremo lo rechaza en otro auto en el que afirman que “ni hay certeza sobre la inexistencia de delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación. La causa continúa adelante. En el mes de abril, Varela transforma las diligencias en procedimiento abreviado y declara la apertura de juicio oral al magistrado.

La primera sentencia llegó el pasado viernes 14 de mayo: el CGPJ, por unanimidad, suspende a Garzón por las investigaciones sobre las desapariciones del franquismo.  Dicho Consejo ha actuado amparándose en el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier magistrado que haya sido imputado en el ejercicio de sus funciones.

A pesar de esta sentencia, todavía queda saber si correrá la misma suerte con las dos causas que quedan pendientes contra él: la de cohecho y las escuchas ilegales a los imputados en el «caso Gürtel».

De momento Garzón ha solicitado el traslado al Tribunal Penal Internacional de la Haya para trabajar como asesor durante un período de siete meses. El CGPJ ha recibido un informe favorable a dicho traslado junto con una carta del fiscal del Tribunal de la Haya, Luis Moreno Ocampo, para que el magistrado trabaje como asistente en su oficina.